El 9 de noviembre, el pleno del Parlamento declaró la permanente incapacidad moral del ex mandatario Martín Vizcarra, cinco meses antes de las elecciones en el país. La moción de vacancia salió adelante con 105 votos a favor, donde figuraron los partidos Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Frepap y Fuerza Popular principalmente, 19 en contra  y 4 abstenciones. Asimismo, la iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente, debido a presuntos hechos de corrupción acontecidos cuando fue gobernador de la región de Moquegua en 2011-2014. 

 

Así, el Congreso de la República aprobó la moción de vacancia contra el ex presidente al declararlo como incapaz moralmente para guiar las riendas del Perú, puesto que existen casos relacionados a obras realizadas cuando fue presidente regional de Moquegua. De acuerdo con declaraciones de un colaborador eficaz, Vizcarra estaría involucrado en casos de corrupción que se relacionan a la obra “Línea de conducción 1 Jaguay-Lomas de Ilo” y el sistema de riego. La denuncia es que el ex mandatario habría recibido 1 millón de soles en el 2013, a cambio de dar la concesión de la obra al consorcio Obrainsa-Astaldi, lo que también se respalda en unos chats que él habría ingresado a las instalaciones del consorcio, aunque Vizcarra lo ha negado. 

 

Martín Vizcarra, a pesar de las investigaciones en su contra, mantuvo su legitimidad en un 79% de la población, según IPSOS, que consideraba que debía continuar con el cargo hasta 2021 y, un 51% aprobaba su gestión gubernamental. Sin embargo, esto no detuvo su demanda competencial y sustitución con el presidente del congreso, Manuel Merino de Lama. 

 

Sin embargo, esta no fue la primera moción de vacancia hacia el ex presidente. Ya en setiembre se había realizado un debate para vacarlo por incapacidad moral, a causa del caso Swing y los videos de Karem Roca, en la que el presidente había mantenido  visitas secretas con el cantante Richard Cisneros, así como el presunto caso de corrupción en la contratación del Ministerio de Cultura a dicha persona. En esa oportunidad, la mayoría del pleno votó en contra (78 votos) o se abstuvo (15). 

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Así, la destitución de Martín Vizcarra sería la segunda vez que se debatió la moción de vacancia en su gobierno, y la cuarta del periodo gubernamental 2016-2021, cuando Pedro Pablo Kuczynski, primer presidente electo del periodo, ocupó el cargo y tuvo que renunciar ante dos pedidos de vacancia por parte del Legislativo por supuestos actos de corrupción. Vizcarra, que era vicepresidente de Kuczynski, sucedió el cargo cuando este fue forzado a renunciar por el Congreso el 23 de marzo de 2018, para que, dos años después, se repita la misma historia. 

Milagros Campo, politóloga docente en la Universidad Católica y la Universidad San Martín, explicó sobre la situación compleja a la que se enfrentaba el ex mandatario. “Vizcarra es un presidente que desde temprano se configura como sin partido y sin bancada. Tiene a 130 congresistas sin ningún vínculo político con el gobierno. Cuando censuran a sus ministros, nadie se opone. Lo normal es que la oposición presente mecanismos de control y alguien cercano al gobierno lo defienda. Este gobierno es de un presidente solitario y con un entorno muy acotado”. De tal manera, el choque de poderes entre un solitarios ejecutivo fue depuesto por el legislativo y Manuel Merino, en ese entonces presidente del Congreso, al no haber otro vicepresidente tras la renuncia de Mercedes Araoz, ocupó el puesto de presidente. 

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Luego de este suceso, en la Plaza San Martín, se reunieron cientos de personas para mostrar su descontento frente a la destitución. Se generó descontento en la población y salió a manifestarse,  principalmente compuesta de jóvenes peruanos. 

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Manuel Merino había sido electo como congresista por poco más de 5 mil personas, cuando se instalaron los nuevos parlamentarios que reemplazaron a los que habían sido disueltos por Vizcarra en septiembre de 2019, y fue nombrado presidente de la cámara el 16 de marzo de 2020. Estaba contemplado que permaneciera en el poder por 8 meses hasta el cambio presidencial que sucedería en julio de 2021. En ese periodo, tendría que presidir durante las elecciones de abril y asegurar una transición democrática en el país. Sin embargo, desde el comienzo, estuvo el problema de representación y legitimidad hacia Merino. 

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El secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, dos días después de su juramentación, habló sobre la crisis política que atravesó el país luego del golpe de Estado promovido por el Congreso, entonces, hizo un llamado al Tribunal Constitucional peruano para que se pronuncie sobre la legitimidad de dicho acto que había provocado las movilizaciones sociales. Asimismo, los demás países de la región no reconocieron a Manuel Merino como presidente, a excepción del gobierno de Paraguay. 

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Por su parte, el señor Merino demoró tres días de haber asumido el cargo para presentar a su nuevo gabinete presidencial por completo por Abel Salinas en el Ministerio de Salud; José Arista en Economía y Finanzas; y Fernando D´Alessio en Educación. La juramentación fue adelantada para que no coincidiera con las protestas.

 

Asimismo, en el segundo día de su mandato, Antero Flores-Araoz, abogado y político peruano, fue nombrado como primer ministro en dicho gobierno. Flores-Aráoz es recordado por su nefasto cargo como ministro de Defensa en el gobierno de Alan García, y fue uno de los responsables de la muerte de 10 civiles y 23 policías durante el Baguazo, una manifestación social en contra del Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos. De tal modo, la reputación de la persona que estaba al mando de Merino no contaba tampoco con la aprobación del pueblo. 

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Manuel Merino, en diálogo con RPP Noticias, habló sobre las protestas que se realizaban en contra de su mandato. “Lo que ha faltado explicar es que los hechos que estamos viviendo no son responsabilidad de esta transición democrática. Esto viene de la responsabilidad del propio Estado que no ha sabido enfrentar la pandemia de una manera objetiva, con resultados que puedan haber dado condiciones de optimismo y favorables. Frente a eso tenemos que dar una respuesta”, mencionó.

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El sábado 14 de noviembre, en la segunda Marcha Nacional, la represión policial del gobierno de Manuel Merino tocó un punto crítico, puesto que dejó 2 jóvenes muertos en las movilizaciones en su contra, y al menos 100 heridos. El Ministerio de Salud mencionó que hubo 102 heridos atendidos en hospitales tras las protestas y 63 personas se encontraron hospitalizadas. Este suceso provocó que 13 de sus 18 ministros renunciaron a su cargo. La Asamblea de Gobiernos Regionales, compuesta por las autoridades del interior del país, también se manifestó y, a través de Twitter, difundió un comunicado “exigiendo la renuncia inmediata del señor Merino, responsable político de los hechos de violencia”. La presidencia de Manuel Merino no se pudo ante el reclamo de amplios sectores de la población. 

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“En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos", afirmó Manuel Merino al día siguiente en su mensaje a la Nación, tan solo 4 días después de haber asumido el puesto. Debido a la violencia policial durante las manifestaciones, el expresidente quedó sujeto a investigación.

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De tal modo, el Congreso debía designar a un nuevo presidente que estabilizara el poder del Estado del país.  El pleno del Congreso inició esa tarde una sesión extraordinaria para evaluar qué legislador asumiría la titularidad del Parlamento. Luego de la renuncia de toda la Mesa directiva, el legislativo eligió una nueva mesa directiva que fue presidida por el legislador Francisco Sagasti del Partido Morado. Así, como nuevo líder del Poder Legislativo, Sagasti pasó a ser presidente interino del país. El martes juramentó como el nuevo presidente del país, convirtiéndose en el tercer mandatario en poco más de una semana. 

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Anahí Durand, socióloga de la Universidad San Marcos, menciona que las crisis abren oportunidades. “Pese a la tragedia, estamos ante la posibilidad de cerrar un ciclo de captura de poderes del Estado, corruptela y saqueo impuesto por élites políticas y económicas que se beneficiaron de los recursos a costa de dejar a las mayorías en la desprotección. Más aún, a puertas del bicentenario, no solo es posible clausurar ese ciclo sino también abrir otro, que refunde una nueva república cuya prioridad sea garantizar el bienestar y la dignidad de todos los peruanos y peruanas”.